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Jueves, 22 octubre 2020

Almassora alegará contra el PAT al afectar “gravemente” los intereses de la playa

Galí rechaza asumir la línea de 500 metros de alto riesgo tecnológico del Serrallo

Los servicios técnicos del Ayuntamiento de Almassora ya trabajan en las alegaciones que el consistorio presentará al Plan de Acción Territorial (PAT) de Castelló por afectar “gravemente” los intereses del distrito marítimo. Así, el documento presentado ayer por el conseller de Política Territorial, Arcadi España, traza una línea de 500 metros de alto riesgo tecnológico a partir de las empresas del Serrallo y supone dejar fuera de ordenación urbana a las viviendas de Om Blanc y su entorno.

La alcaldesa de Almassora, Merche Galí, ha trasladado las instrucciones al departamento de Urbanismo para que prepare las alegaciones legales oportunas a un proyecto “injusto para nuestro municipio, fuera de toda lógica y que devalúa las propiedades de Almassora, que tienen sus licencias urbanísticas pertinentes, frente a las empresas que causan el peligro y las molestias”.

Para Galí, el documento blinda los intereses del polígono petroquímico, dado que la línea de impacto tecnológico empieza a contar a partir de su límite y nunca dentro de su perímetro, mientras que toda la afección del nuevo Plan de Acción Territorial recae sobre los propietarios de la zona norte de la playa, “que no son causantes de ningún riesgo”. Según el documento presentado ayer, las propiedades se mantendrían, pero quedarían fuera de ordenación urbana y, por tanto, perderían valor y posibilidades urbanísticas.

Así las cosas, la concejala de Territorio, Carmina Martinavarro, ya ha contactado con representantes vecinales de la costa para informarles de la voluntad de la Administración autonómica y ofrecerles la posibilidad de presentar alegaciones conjuntas que refuercen los intereses de Almassora, en ningún caso compensados en el PAT por la incorporación del nuevo vial rápido que solicitó la localidad.

“Asumimos la compra de terrenos junto al polígono para crear la pantalla verde, los costes de ejecución subvencionados por fondos FEDER de la Unión Europea, el impacto del polígono y el puerto y los resultados tan evidentes de la especulación urbanística en el conjunto de la playa, pero las consecuencias no las tenemos que pagar siempre los mismos”, en palabras de la concejala. “La seguridad es lo primero y quien crea el peligro es quien tiene que poner las soluciones, no mermar derechos a la ciudadanía, que es a la que vamos a defender desde el Ayuntamiento”, ha indicado Martinavarro.