Almassora pide amparo al Defensor del Pueblo para que recurra el nuevo Decreto Ley del Consell al considerar que perjudica a los vecinos de la playa afectados por la contaminación acústica del Serrallo

El Ayuntamiento de Almassora ha solicitado amparo al Defensor del Pueblo con relación al Decreto Ley 6/2025, de 7 de mayo, del Consell, de medidas urgentes en materia de intervención administrativa ambiental, que fue convalidado por Les Corts el pasado mes de junio. Esta norma modifica la Ley 6/2014, de 25 de julio, de prevención, calidad y control ambiental de actividades en la Comunitat Valenciana, la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de tasas y la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de protección contra la contaminación acústica.

De este modo, el consistorio sigue las directrices marcas en la moción que fue aprobada en el último pleno municipal, donde se estipulaba que se remitiría una solicitud al Defensor del Pueblo para que interponga un recurso al Constitucional por vulnerar el decreto ley el derecho a la salud y al medio ambiente. Y es que esta institución es uno de los sujetos legitimados para ello de conformidad con los artículos 161 y 162 de la Constitución y los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica 2/1979 de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

Asimismo, en el escrito remitido al Defensor del Pueblo se recoge que, tal y como se reivindica a través de la moción, el Ayuntamiento instará al Consell a la modificación inmediata de la citada norma al considerar que perjudica los derechos de los vecinos de la zona de Om Blanc y adyacentes. En este sentido, el consistorio ya ha remitido al Consell la moción aprobada en la que se reclama modificar el decreto ley en cuestión.

La normativa introduce la llamada zona de transición entre dos usos, lo que el pleno municipal considera que perjudicará a los vecinos afectados por la contaminación acústica procedente de la actividad industrial del polígono del Serrallo, ubicado en el término municipal de Castelló. Esta medida podría implicar que las empresas del mismo se pudieran acoger a la exención contemplada para no verse obligadas a reducir el ruido externo hasta conseguir los límites fijados para las zonas residenciales, pudiendo, por lo tanto, conseguir niveles de ruido que hasta ahora eran ilegales.

A este respecto, la primera edil de Almassora, María Tormo, ha reiterado las declaraciones que efectuó en el último pleno, donde remarco que, como alcaldesa, “siempre defenderé los intereses de los almassorins por delante de las siglas de mi partido y de cualquier empresa. No duden que solo rindo pleitesía ante mis vecinos. Pediré siempre medidas compensatorias y justas y, por supuesto, estamos siempre vigilantes”.

Asimismo, Tormo ha remarcado que está ultimando, junto a los técnicos municipales, elevar al Consell Jurídic Consultiu un dictamen para que este órgano pueda aclarar las graves dudas que les suscita la aplicación de este decreto ley.